El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye algunas novedades como la prohibición de la pornografía, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, la posibilidad de que los operadores puedan destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine a series de televisión y la renovación automática de licencias.
La ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o violencia gratuita, que sólo podrán emitirse codificados con control parental y en horarios comprendidos entre las 22 y las 6 horas.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras participar en el Consejo de Ministros, la futura ley era una “asignatura pendiente de la democracia” y su objetivo es establecer unas “reglas de juego” para un sector que ha sido afectado con “virulencia” por la crisis económica, pero que tiene “infinitas posibilidades de futuro“.
El proyecto, que transpone la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007, ha sufrido varias modificaciones desde que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el pasado 26 de junio para incorporar algunas de las sugerencias del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
La nueva ley prevé que los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica deberán reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de cada canal o conjunto de canales de un mismo prestador, con exclusión del tiempo dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta. A su vez, el 50% por ciento de esa cuota queda reservado para obras europeas en cualquiera de las lenguas españolas.
En todo caso, dentro de la reserva del 51%, el 10% lo será para productores independientes del prestador de servicio y la mitad de ese 10% debe haber sido producida en los últimos cinco años. Los prestadores de un catálogo de programas deben reservar a obras europeas el 30% del catálogo. De esa reserva, la mitad lo será en alguna de las lenguas oficiales de España.
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